A días de la condena para todos los integrantes de una asociación ilícita liderada por “Juancho” Símula, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I del MPF logró una sentencia histórica para la banda de escruchantes encabezada por Miguel Antonio “La Gata” Lizárraga.
“La Gata” fue encontrado culpable por ser jefe de la asociación ilícita y por perpetrar otros hechos (robos por efracción, utilización de armas de fuego, encubrimiento y resistencia a la autoridad).
La pena fue de 18 años para él y de 16 años para su hijo Juan de Dios López. Para Luis Ricardo Carreras la condenada fue de 17 años (se le unificó una pena), para Cristian Nicolás Caro de 5 años y seis meses, y Néstor Fabián “Tuta” Lizárraga a 8 años. En tanto, Walter Ernesto Caro, fue absuelto. El tribunal estuvo integrado por los jueces Bernardo L’Erario Babot –presidente-, Fanny Siriani y Eliana Gómez Moreira.
“La sentencia dio razones fundadas de porqué se ha llegado a tal convencimiento y grado de certeza que se exige para poder arribar a una condena muy importante. Esto es un antes y un después de lo que ha sucedido en nuestra provincia con esta asociación ilícita como sosteníamos y el tribunal nos dio la razón. Las penas fueron: 18 años para Miguel Antonio Lizárraga, alias La Gata; 17 años para Luis Carreras; 16 años para Juan de Dios López; 8 años para Néstor Fabián Lizárraga y 5 años y seis meses para Cristian Nicolás Caro, con una sola absolución (para Walter Ernesto Caro)”, afirmó el Fiscal luego de la sentencia y describió el modus operandi.
“Este grupo se retiraba de la provincia de Córdoba, ya sea en forma conjunta o indistinta. Venían en vehículos que luego ingresaban a Tucumán. Se suscitaban los ilícitos e inmediatamente después se retiraban de la provincia. Acreditamos que esos automóviles les pertenecían a través de tomas fílmicas y conversaciones (escuchas telefónicas). A través de los mismos celulares fueron captados (por las sábanas de llamadas y geolocalización)”, agregó López Ávila destacando el trabajo realizado por todo el MPF en su conjunto y por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), a través de la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal.
A lo largo de las jornadas, que se comenzó el 15 de mayo, López Ávila estuvo acompañado por las doctoras Laura Correa y Florencia Nuovo, integrantes del equipo de investigación de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I.
“Son profesionales, expertos y con distribución de roles”
Para el MPF, los condenados se asociaron dolosamente realizando distintos hechos tendientes a vulnerar la intimidad de los hogares de las víctimas con el fin de sustraer dinero en efectivo y joyas, rompiendo la paz social de toda una comunidad que se vio conmovida, ante la reiteración de los hechos y las sumas siderales de las que fueron despojadas.
“Son profesionales, expertos y con distribución de roles. En los videos se constata como bajan, tocan el timbre, van y regresan. En todos los hechos, se acercaban y luego los acechaban”, afirmó el Fiscal en su alegato final.
“Las víctimas nos contaron las angustias propias, los elementos sustraídos y los daños a las viviendas que permitieron el ingreso de los imputados. El caudal reunido (en forma fotográfica y fílmica) prueba la existencia de los hechos. Se secuestraron objetos relacionados a su especialidad. La primera deducción es que utilizaron barretas para proceder a violentar las aberturas de forma violenta. En uno de los hechos, arrancaron el motor de la mampostería de la pared para destruir las puertas. En otros hicieron boquetes en las paredes. Las víctimas, en sus declaraciones, sostuvieron que las personas no eran principiantes sino profesionales que se movían en minutos (a través de un escaso de tiempo) para sacar las pertenencias. Podemos encontrar puntos de enlaces que permiten establecer la convergencia de las voluntades para ese plan criminal. Se trasladaban desde Córdoba a Tucumán y en la zona de Los Caro (domicilio de Fortunata García al 1.500) lugar donde se dirigían. Cuando no participaba de los hechos, ‘La Gata’ lo monitoreaba. A lo largo de estas jornadas se escucharon testimonios, audios, ubicaciones y chats, entre otros elementos. Los informes (de los peritos de la Dirección de Análisis Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales –ECIF- y del Departamento de Inteligencia Criminal de la policía -D2-) en estos 20 hechos, describen las particularidades. También contamos con la colaboración de la policía de Córdoba para identificarlos”, señaló en su exposición (realizada el jueves 24 de agosto).
La teoría del caso
En forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron solidaria y dolosamente con una finalidad delictiva destinada principalmente a cometer asaltos contra la propiedad, ingresando a inmuebles tanto comerciales como a viviendas que se hallaban temporalmente sin moradores, violentando los ingresos a dichos lugares apoderándose de joyas, dinero en grandes cantidades, electrodomésticos, dispositivos electrónicos, entre otros, provocando con ello un grave perjuicio patrimonial a las víctimas.
Como medio para lograr esa finalidad, se valían de distintas actividades ilícitas o maniobras, así los integrantes de la asociación procuraban en forma constante y continua obtener automóviles tendientes a ser utilizados como medio de movilidad en esos hechos delictivos, siendo que los rodados generalmente se encontraban registrados a nombre de personas con residencia en otras provincias, como ser Córdoba o Buenos Aires, otros eran adquiridos mediante boletos de compra-venta o mediante una transacción informal (sin documentación o sin efectuar la correspondiente transferencia), o eran registrados como titulares familiares o allegados de los integrantes, o sino utilizaban rodados cuyas patentes habían sido adulteradas y no se correspondían a su dominio (rodados con patentes truchas), todo ello con el afán de dificultar que los miembros de la organización pudieran ser descubiertos.
Luego que los rodados adquiridos habían sido utilizados en algún hecho ilícito cometido por los integrantes de la asociación, los miembros de la misma tenían como parte de su plan criminal, deshacerse de los vehículos, ya sea vendiendo los mismos a otras personas ajenas a la asociación, devolviéndolos de la concesionaria donde habían sido obtenidos o modificando sus características exteriores para evitar que pudieran ser hallados (como ser cambiar el color del polarizado, el color del vehículo, etc).
Otro de los objetivos delictivos de esta asociación era la utilización de armas de fuego para lograr los desapoderamientos mencionados. Los integrantes también perseguían el propósito de
